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La protesta social y su criminalización

Protesta social, manifestación, marcha, concentración y huelga... 

Todas estas figuras son solo algunas de las formas que han utilizado los distintos sectores sociales a lo largo de la historia para expresar su descontento.

A partir de la Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, inicia uno de los procesos de cambios económicos, sociales y culturales de más influencia hasta el día de hoy en los movimientos sociales. Fue con el surgimiento de los sindicatos de obreros que se empezó a gestar la primera forma de manifestación social moderna. La recién surgida clase trabajadora proletaria que buscaba reivindicar sus derechos frente al surgimiento de las formas de producción industrializada que veía nacer al Capitalismo y con ello sus múltiples formas de explotación.

No es tan importante ahondar en el detalle de su historia, sino más bien referirse a los acontecimientos que como consecuencia de la crisis del Estado de Bienestar, padece hoy el mundo por el creciente autoritarismo económico gestado sobre la globalización de corte neoliberal, pero como dice Zaffarronia veces confundido con ella”. Esta crisis generalizada esta produciendo reclamos públicos de derechos a través de protestas que en la mayoría de los casos terminan con brutales represiones ilegítimas por parte de las fuerzas estatales producto de la criminalización misma de las manifestaciones públicas.

Frente a la protesta social y su criminalización en los últimos meses, uno se pregunta cuál es el verdadero alcance del ejercicio de este derecho que a través de la historia ha servido para los distintos movimientos sociales como herramienta de expresión.

¿Cómo se concibe este derecho? ¿Hasta que punto se puede ejercer? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Por qué las represiones y su criminalización?

***

Libertad de expresión y derecho de reunión en una democracia

Como primer aspecto se pregunta: ¿cómo está protegido el derecho de protesta y cuáles son sus aristas para su ejercicio pleno en nuestra democracia? Lo primero que se debe rescatar es que la protesta social a través de la manifestación pública implica el ejercicio absoluto de la libertad de expresión.

La libertad de expresión es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución Política en los artículos 29 y 30. Este es un derecho que se desarrolla a partir de dos vertientes, por ejemplo el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce a todas las personas los derechos y libertades de expresar su pensamiento, de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (primera vertiente), así como el derecho colectivo a recibir información y conocer la expresión del pensamiento ajeno (segunda vertiente).*1

Este derecho o libertad es un elemento indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática y por eso ha sido ampliamente protegida por nuestra Constitución Política y las distintas convenciones internacionales de Derechos Humanos, además ha sido objeto de amplios debates sobre su alcance y protección, pues por ser pilar de la democracia, es esencial para el progreso de las sociedades y desarrollo de cualquier ser humano. *2

Se entiende entonces que existen muchos instrumentos legales que disponen el libre ejercicio de la libertad de expresión, pero, ¿quién debe garantizar su ejercicio como tal?. La respuesta es básica, los derechos humanos deben ser garantizados por los Estados, por sus Gobiernos y las instituciones que los conforman, y así como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanosno sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población”. *3

Esta relación simbiótica entre libertad de expresión y democracia tiene como objeto fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole. *4

¿Cómo se manifiesta esta libertad en la vía publica y como se protege? La libertad o derecho de reunión es el segundo componente de la protesta social a través de las manifestaciones públicas. Es un derecho básico que nuestra Constitución Política también protege y se encuentra en el artículo 26. El artículo dice “Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley”.

Al igual que poder expresarse, el derecho de reunión está protegido en varias convenciones internacionales de derechos humanos. Por ejemplo en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 15 dispone su protección y como ya se mencionó son los Estados y sus gobiernos a través de sus instituciones quienes deben garantizarlo y protegerlo.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho de reunión y la libertad de asociación han sido ampliamente reconocidos como derechos civiles sustanciales que brindan protección contra la interferencia arbitraria del Estado cuando las personas deciden asociarse con otras, y son fundamentales para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática”. *5

Así este derecho se concibe como un elemento fundamental en las democracias. La libertad de reunión está caracterizada por habilitar a las personas a actuar colectivamente para la consecución de los más diversos fines, siempre y cuando éstos sean legítimos *6, como parte de una democracia participativa.

¿Que se entiende con que los fines sean legítimos y hasta que punto se puede restringir este derecho?

La legitimidad de este derecho implica que sus fines no pueden estar en contra de los principios básicos de convivencia de una sociedad, aunque esto es un tema discutible y de ahí parten muchas luchas sociales para el reconocimiento de otros derechos, que para algunos de nosotros son básicos, podemos poner como ejemplo que el ejercicio de este derecho, de reunirse como tal, no se puede dar con el fin de cometer delitos pero si para exigir derechos no reconocidos o violentados. Es decir, sus propias restricciones giran en torno a las previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. En ese sentido, la protesta social para que sea legitima debe darse en el marco de un Estado de Derecho y no pretendiendo acabar con él.

Lo anterior nos deja un marco muy amplio de restricción que creo puede ser objeto de análisis en alguna tesis. El asunto es que si somos razonables y bajo criterios objetivos, sabremos que cualquier manifestación pública pacífica con consignas de protesta en contra de funcionarios y sus actuaciones, gobiernos y sistemas políticos, se encuentra dentro de los márgenes del ejercicio de este derecho y no se puede bajo ninguna circunstancia restringir mientras no exista una necesidad fundamentada y válida.

La relación entre libertad de expresión y el derecho a la reunión, es esencial para manifestarse y protestar públicamente. La protesta social es el ejercicio simultáneo de estos dos derechos, una protesta social es un colectivo de personas reunidas y que de distintas formas se manifiestan en la vía pública con el objetivo de difundir información y opinión sobre distintos temas.

Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “a través del ejercicio del derecho de reunión las personas pueden intercambiar opiniones, manifestar sus posiciones respecto de los derechos humanos y concertar planes de acción, bien sea en asambleas o en manifestaciones públicas (…) Además, el ejercicio del derecho de reunión es básico para el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión y el derecho de asociación”. *7

Teniendo un poco más claro cuales son los derechos que protegen la protesta social, nos preguntamos porque son los mismos gobiernos quienes reprimen violentamente y prohíben el ejercicio de los mismos, siendo que más bien deberían protegerlos durante las manifestaciones pacíficas.

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Evidentemente estos son derechos que permiten la libre expresión en contra de los funcionarios del gobierno, son manifestaciones críticas de sectores de la población que están siendo afectados por políticas y acciones de los propios funcionarios. El gobierno ante dichas manifestaciones buscará a través del uso ilegítimo de su poder “criminalizar” dichas manifestaciones. Esto es lo que se conoce como la “criminalización de la protesta social” en donde el gobierno trata de justificar por medio de herramientas legales la represión y prohibición, y a partir de esto surgen los actos de violencia, terror y detenciones arbitrarias por parte de funcionarios policiales en contra de quienes ejercen su derecho a manifestarse públicamente de manera pacífica.

¿Como se criminaliza una protesta social?

Esta es una pregunta esencial para entender los actos de represión.

PRIMERO: La criminalización inicia con las deslegitimación de las protestas sociales, haciéndolas ver como demostraciones de actos de violencia de particulares en contra de las instituciones del Estado. Así los gobiernos se encargan de generar un sentimiento colectivo de rechazo hacia la población que se manifiesta, utilizando los medios de comunicación masiva, mostrando imágenes de violencia durante las manifestaciones para que el resto de la población considere que quienes se manifiestan son personas violentas que quieren atentar contra las instituciones públicas.

SEGUNDO: Una vez deslegitimada la protesta, el Estado reprime, infunde temor, censura y penaliza los actos de manifestación pública utilizando herramientas legales, y justificando sus detenciones y represiones bajo figuras de delitos como sedición o desorden público. A veces no hace falta el primer paso, a veces la represión es directa sin importar la opinión pública, la deslegitimación vendrá después.

La constante creación de leyes y mecanismos arbitrarios refleja como los Estados intentan reprimir las protestas sociales, clasificándolas como actos delictivos, creando así penas totalmente desproporcionadas y en contra de los derechos humanos de quienes ejercen el derecho de reunión y la libertad de expresión en las manifestaciones públicas. Estas normativas “encierran el potencial de ser objeto de abuso por los gobiernos para eliminar críticas legítimas, y que ejercen un efecto atemorizador, pues los ciudadanos toman distancia de la zona de potencial aplicación para evitar la censura”. *8

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La utilización de reglamentos para el ejercicio de la protesta social, sólo es legítima cuando estos están enfocados en proteger a la misma protesta y garantizar que esta se despliegue en un ámbito ordenado para que pueda cumplir con su fin, el de expresarse. Es decir, el aviso previo esta destinado a que el mismo gobierno articule por ejemplo a los policías de tránsito para movilizar y permitir el tráfico fluido cuando se utiliza la vía publica. Pero no se puede prohibir la protesta misma, porque se utilizará la vía publica o porque los derechos reclamados giran en torno a temas controversiales, eso es libertad de expresión pura y simple. Por eso la reglamentación no es para pedir permiso, es para dar aviso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “… la finalidad en la reglamentación del derecho de reunión no puede ser la de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida. No se puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo per se”. *9

Así también recalcó que “resulta en principio inadmisible la criminalización también per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión” *10 por eso “la criminalización podría generar en estos casos un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición como ser la prensa tradicional o el derecho de petición dentro de los órganos estatales donde el objeto del reclamo se origina”. *11

El uso excesivo de la fuerza en el contexto de la criminalización de la protesta social

Cuando se criminaliza se reprime y censura violentamente. Esta es la principal consecuencia de la criminalización. El uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de los agentes policiales se ha convertido en la principal forma de represión de las manifestaciones públicas.

Ese uso de la fuerza es prohibido durante los movimientos de protesta, los gobiernos no pueden responder violentamente, salvo que sea absolutamente necesario. La propia Corte Interamericana ha dicho que las implicancias del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes estatales pueden ser gravísimas, por lo que resulta fundamental restringir y regular en la mayor medida su posible uso “no siendo más que el uso‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler”. *12

Incluso las provocaciones verbales por parte de manifestantes no pueden ser consideradas justificantes, lo malo es que cuando se dan estas contradicciones durante las manifestaciones pacíficas, como ya se mencionó, suelen ser magnificadas por quienes quieren deslegitimar los reclamos y defender la represión indiscriminada de cualquier protesta social, esto pese a que la magnitud de alguna provocación, no es para nada comparable con el grado de violencia a las que históricamente se ha sometido a quienes protestan, a las que como se sabe, se ha traducido en homicidios, arbitrariedades y todo tipo de maltratos. *13

Aun así, cuando no existe ningún tipo de violencia por parte de los manifestantes, pero ya la manifestación esta lo suficientemente criminalizada, se comienza con la aplicación irracional e indiscriminada de la violencia para la represión.

Para entender esto basta con ver las recientes muestras de represión que se han dado en el contexto de los reclamos en “democracias” supuestamente sólidas como la de España o Grecia, y probablemente también en los movimientos de protesta que se han extendido por toda Europa e incluso Estados Unidos con el movimiento Occupy ampliado a lo largo de todo su territorio. Cabe resaltar lo que sucedió en Portugal, las fuerzas policiales recientemente rechazaron el mandato del gobierno de “controlar” las manifestaciones, y contrario a lo que ha pasado en el resto de países terminaron sumándose a las miles de personas que se manifestaban públicamente.

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El caso de Costa Rica

No se trata tampoco de hacer una predicción apocalíptica a partir de lo que ha sucedido en las últimas manifestaciones y especialmente con lo que sucedió la semana pasada. La criminalización de la protesta social está basada en hechos históricos y en los análisis objetivos de esos hechos que nos permiten detectarla, así que bueno, esta también es nuestra historia.

La nota que se publicó en La Nación nos da una idea de como han incrementado las manifestaciones en los últimos años como consecuencia de esa crisis global de los Estados impregnados por la ideología neoliberal. Sumado a esto en nuestro país, el descontento social por las políticas del gobierno, por las insuficiencias del sistema político que rige y la incapacidad del Estado de afrontar las carencias sociales que enfrenta gran parte de la población (pobreza, acceso a servicios básicos de salud, agua, educación entre otras cosas) y que cada vez se muestra en peores condiciones, sin querer ser pesimista. Una carencia que evidentemente ha estado ligada al ejercicio ineficiente e inapropiado de los actuales y anteriores funcionarios y jerarcas del Gobierno, lo cual ha sido suficiente para que la gente se lance a las calles a expresar su descontento y exigir cambios.

Así, frente a los hechos de violencia durante la manifestación de la semana pasada nos cuestionamos si se está realmente criminalizando la protesta social en Costa Rica.

Han sido muchas las imágenes, videos y demás información difundida sobre lo sucedido. Mucha información que a la larga se ha convertido en un debate reducido y poco objetivo alimentado por medios de comunicación importantes y reafirmado por nosotros en las redes sociales.

El debate no gira en torno a solo lo que fue la semana pasada, sino recordemos también lo que sucedió durante la manifestación del movimiento en pro de las fotocopias. Aclaro que no pretendo justificar la violencia de ese día, pero a mí me quedaron muchas preguntas en el aire sin responder, en especial sobre el protocolo seguido por los policías para asegurar el desarrollo pacífico de la manifestación. Además, la insistencia de los medios de comunicación por ligar a los “tira piedras” con los estudiantes.

 

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Para empezar con la ejemplificación de las recientes muestras de la criminalización de la protesta social (de una vez respondo y pongo los ejemplos), nos encontramos con un editorial de uno de los medios de comunicación más importantes del país, completamente parcializado que de entrada justifica y aplaude el uso de la violencia por parte de la policía, alegando un deber cumplido por el hecho de tener que despejar las vías para garantizar ese otro derecho llamado libertad de tránsito.

Justificar la agresión con la libertad de tránsito es cobarde, muy afín a lo que la gente quiere escuchar, pero no tiene cabida cuando se sabe que el derecho a manifestarse en la vía pública debe ser garantizado por el propio Estado. San José no es una sola calle ni avenida por donde transitar, el Gobierno sabía que la gente se iba a manifestar y debía garantizar ese derecho disponiendo de oficiales de tránsito para articular el flujo del tráfico en rutas alternas. Quién no entienda esto y diga que está bien que vuelen palo para que otros desinteresados puedan pasar con sus carros, argumenta de forma irracional y desproporcionada (nunca he visto que vuelen palo cuando cierran avenidas completas para una plaza pública político partidista).

En todo caso, la armonización de dos derechos constitucionales no es siempre valorar cual es mejor o peor, es hacer que ambos se respeten proporcionalmente, y no trasgrediendo uno con violencia física para que el otro funcione.

Por otro lado, el mismo editorial entra en el juego de dimes y diretes entre los policías y los diputados que participaron de la manifestación, habrá quién mintió y quién no, y tendrán sus espacios para aclararlo, para eso hay mecanismos judiciales, pero no es válido que estén tomando una posición de defensa de la violencia, usando esos hechos particulares tan cuestionables como base de todo lo que realmente sucedió.

Ante lo que todos vimos en los videos, ese enfoque del debate sobre quién miente y quién no, deja de lado el verdadero sentido de lo sucedido en torno a la legitimación del uso de la violencia por parte de los policías. Solo puedo decir que ví videos de personas armadas con macanas y protegidas, agrediendo a otros completamente desarmados y desprotegidos.

El editorial desvirtúa y criminaliza la protesta, se suma a la posición del gobierno, nunca habla del verdadero fondo de los reclamos de quienes estaban presentes frente a la CCSS, y mucho menos hace mención a esa señora tan famosa de pelo blanco que sí fue agredida.

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Esto deja mucho que decir con respecto a la responsabilidad que tienen ciertos medios de comunicación con la opinión pública y la constante criminalización de las manifestaciones. Muy grave. Frente a una evidente agresión justificar el uso de la violencia y desvirtuar por completo hechos amparados en derechos constitucionales, que son esenciales para el ejercicio de la Democracia, aporta a que en Costa Rica cada día se criminalice aún más nuestra posibilidad de salir a las calles a exigirle pacíficamente a quienes nos gobiernan una respuesta.

La protesta social es un derecho fundamental y básico que debemos ejercer de manera responsable, sin violencia. Esto no garantiza que los gobiernos no busquen deslegitimar, criminalizar y reprimir, pero si será muestra para el resto y para los manifestantes de que algo está mal, porque cuando un gobierno reprime y violenta la libertad de expresión y el derecho de reunión de quién se manifiesta públicamente, es porque protege intereses altamente cuestionables y no necesariamente los de la población que representa. Es ahí cuando se evidencia que la supuesta democracia está fallando.

***

  1. El artículo 13.1 de la Convención dispone que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
  2. Corte Europea de Derechos Humanos. Handyside v. United Kingdom. 7 de diciembre de 1976. Párr. 48
  3. Corte IDH. Perozo y otros vr Venezuela.28 de enero de 2009. Párr. 116.
  4. CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ivcher Bronstein v. Perú. Transcritos en la sentencia del 6 de febrero de 2001, Serie C No. 74. CIDH. Párr. 143. d). Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de “La Ultima Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros v. Chile). Transcritos en la sentencia del 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73. Párr. 61. b).
  5. CIDH, Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002, párr. 359.
  6. Corte IDH. Caso Escehr vs. Brasil. Sentencia del 6 de julio del 2009. párr. 161.
  7. CIDH. Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas. 2006. Párr.52
  8. CIDH. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 22 de octubre de 2002, párr. 316.
  9. CIDH. Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas. 2006. Párr.60
  10. CIDH. Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas. 2006. Citando el Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2002. Párr.61
  11. Ibíd.
  12. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez, párr. 82 y siguientes.
  13. Universidad de Palermo. Bertoni. Eduardo Andrés y Zaffarroni. ¿Es legitima la Criminalización de la Protesta Social?. Buenos Aires. 2010. Pág 16
Esteban Madrigal — Idealista, sin raza, sin nación, sin religión y sin condición. Trotamundos, abogado de profesión, adicto al mate y a las galletas. Cronopio de vez en cuando.

6 comentarios

*Ovacion de pie*

*aplaude*

Lo peor de todo es que el medio que publico la nota de quien aplaude la represion policial y violencia JAMAS publicaria algo asi por ms bien justificado y real sea.

Imagen de elpillo
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Empezó: 16 Mar 2010
Karma: 372

Excelente post, poniendo todos los puntos sobres las i.

 

Loukanikos lo aprueba.

 

Quien ha estado en una manifestación sabe bien el tono en que llegan los policías, aun y cuando la marcha este no impidiendo el tránsito, aun y cuando sea pacífica, las cosas son lejos de ser en blanco y negro.

Imagen de luisesteban
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Empezó: 20 Jun 2008
Karma: 7479

Interesante muy largo pero interesante. Concuerdo rotundamente con muchos de los puntos que el autor toca,   no con todos, sus bases son validas en mi opinion pero se centra en los eventos especificos no en el panorama general.  La huelga es un derecho el problema es aquellos descarados que se aprovechan de estas y de huelguistas para convertirlas en un fin

Imagen de GAAVB
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Empezó: 10 Feb 2012
Karma: 121

  1. El autor no me dice por que el Estado debe tolerar que mientras se proteste se cometa un delito y se pisotee deliberadamente otro derecho fundamental: el derecho al libre transito. Hoy todos los que estan en contra de la accion policial de la semana pasada menosprecian esa libertad, pero cuando se hacian retenes y se paraba a los carros arbitrariamente si valoraban esa otra libertad mucho. Acaso no es obligatorio que el Estado armonice y defienda ambos derechos? Acaso ambas no son garantias constitucionales?
  2. Yo lo veo muy simple: si usted no violenta el codigo penal mientras protesta, no se le criminaliza. Si, en un caso extremo, mientras protesto yo incendio carros y disparo al cielo como forma de expresion libre de mi descontento y me arrestan, puedo legitimanente decir que mis protestas se criminalizan? No sera que me estoy compartando como un criminal?
  3. Me gustaria que el autor me dijera cuantas de esas 600 protestas que registra Laura han terminado como la de la semana pasada. Si uno se guia por el panorama que el pinta, pareciera que el 95% de las protestas terminan con arrestos, violencia y procesados. Sera asi? Sera que en CR realmente se criminalizan las protestas? No lo creo
  4. Esta analogia es bastante errada: "nunca he visto que vuelen palo cuando cierran avenidas completas para una plaza pública político partidista" Sera que una plaza publica es algo comparable a una protesta como la de la semana pasada? se regularan igual? son las mismas formas de expresion? Si en una plaza publica el fin fuera bloquear calles como medidade expresion de descontento o de alegria, la reaccion del Estado deberia ser la misma: usar la fuerza para evitar que se siga incurriendo en un delito.
  5. No se tiene nada contra las protestas. Se tiene contra la idea de que protestar y ejercer la libre expresion es un escudo que me exime del respeto de las normas y los derechos de los demas. Eso es tan errado como el diputado que se sube a una patrulla y dice que no lo pueden tocar por tener inmunidad.
  6. De la Revolucion Industrial a la fecha la sociedad ha protegido y creado muchos mecanismo para hacerle saber al Gobierno el descontento. Usar la violencia (bloquear calles, tirar piedras a los policias, etc.) no es uno que se debe tolerar hoy en dia. Las marchas a favor de la igualdad de genero, el respeto a los derechos de los homosexuales han sido formas de expresion que no necesitaron bloquear deliberadamente vias.
  7. No tiene sentido pedir al Gobierno que respete el Estado de Derecho irrespetando el Estado de Derecho mismo. Es un sinsentido.
  8. No creo que la accion policial de la semana pasada haya sido nitida, ni excepcionalmente buena, pero si creo que era necesaria.
  9. El autor no menciona los limites explicitos que establece el Pacto de San Jose a la libre expresion. Da la impresion que los ignora a conveniencia.
Imagen de lapregunta
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Empezó: 23 Abr 2012
Karma: 43

Tengo unas preguntas que tiene que ver con los puntos 1 y 4, cuales son las limitaciones que tiene el mentado derecho de libre transito? Porque algunas actividades si violentan el derecho y otras no? Por ejemplo en el caso de la avenida 2da, por que una manifestacion si lo violenta pero el tope, el festival de la luz, etc... no? (no me refiero a ninguna manifestacion en especifico, para efectos de la pregunta digamos gente solo sosteniendo pancartas a lo largo de la via). Tambien por que un peaje no vionlenta el derecho?   *Las preguntas son enserio, si alguien tuviera la amabilidad de responder se le agradece mucho

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Empezó: 28 Jul 2008
Karma: 50

Me queda una pregunta para lapregunta...Y ud qué propone? Digo, partamos del hecho de que si es válido mamarse una presa por el festival de la puz (digo de la luz), por el tope, las plazas "públicas" , la platina y el Bailey, y de que no es válido atascarse en el tránsito por culpa de una manifestación... entonces como puede efectivamente hacerse escuchar el descontento ciudadano, y recalco... EFECTIVAMENTE. Por que al parecer solo con estas acciones los medios de comunicación y el gobierno vuelve a ver a los que no están de acuerdo con como se llevan a cabo las cosas en el país.

Imagen de Edison
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Empezó: 25 Jun 2009
Karma: 132