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La razón de la sinrazón

“Lo bueno del Juicio Final es que será sin abogados.” (Sofocleto)

Cuando inició funciones en 1989, la Sala Constitucional vino a ser quizás la principal reforma aportada al Poder Judicial en la segunda mitad del siglo XX.  Se conformaba un tribunal especializado en materia constitucional y se establecía un mecanismo fluido para el conocimiento de los recursos de habeas corpus y amparo.

Desde su inicio, la Sala abrió un espacio “por la cocina” para tratar de hacer cumplir el principio de “justicia pronta y cumplida”, pues los amparos –bastante escasos años atrás- se multiplicaron por doquier.  El recurso de amparo empezó a ser el mecanismo por el cual, sin tanta burocratización, tramitología y lenguaje técnico especializado, los ciudadanos comunes buscaron acceder a la justicia.  Ante un sistema judicial donde un juicio tardaba (tarda) años, a un altísimo costo para las partes involucradas y el estado; el recurso de amparo le dio posibilidades a la gente de lograr respuestas en dos o tres meses.  La Sala empezó a evidenciar de este modo una situación de todos conocida en este país: la lentitud con que avanzan los procesos ordinarios en prácticamente cualquiera de nuestros tribunales.

Del uso, se pasó al abuso del amparo, pues, prácticamente cualquier escenario podía plantearse como materia de derechos fundamentales violentados.  La Sala empezó a convertirse en un ente poderosísimo, un quinto poder de la república capaz de enmendarle la plana a cualquier otro tribunal, y bañado de una cuestionable omnipotencia a partir de que sus resoluciones sean irrevocables e inapelables y, además, de que sus sentencias no generen jurisprudencia para la misma Sala (es decir, es uno de los pocos órganos que tienen permiso para interpretar la ley de diferente modo según soplen los vientos…)

Este empoderamiento se reforzó por la obligatoriedad de consultas de constitucionalidad ante determinados proyectos de ley, y por la remisión de estas consultas por parte de los diputados, tanto por necesidad como por estrategia para ganar tiempo y atrasar la votación de proyectos.

Del abuso de estos recursos, la Sala entró prácticamente a co-legislar, en un país donde, la configuración política reciente, ha hecho ya de por sí difícil el oficio de legislar.

Estas situaciones se han visto reflejadas en diversos momentos, como lo fueron, casos de amparos por materia electoral (que deberían ser exclusivos del TSE), la anulación de la reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial (más de treinta años después de estar en vigencia), los votos sobre la procedencia o no del levantamiento de un veto presidencial, o el caso de la fertilización in vitro.

En este último ejemplo, la situación nos ha llevado incluso al último episodio, donde ante la inoperancia del Poder Legislativo, el Ejecutivo decreta con base en una sentencia de un tribunal de calidad superior (la CIDH), la Sala considera improcedente el decreto, para finalmente ser enmendada en su criterio por la Corte Interamericana, con toda la maraña leguleyesca que esto ha generado.

A casi treinta años de su funcionamiento, no se puede negar el papel fundamental que la Sala Cuarta ha tenido; sin embargo, tampoco cabe duda de que es una de las instancias que más rápidamente necesita ser modificada en su ley constitutiva; no podemos seguir en una situación donde la delimitación de la jurisdicción sea tan laxa, donde no haya posibilidad de apelar en alzada, donde se suspenda el acto administrativo casi automáticamente, donde la posibilidad de decirse y desdecirse pueda existir, y mucho menos, donde haya magistrados que funcionen “siguiendo un clamor popular” y no desde la base de interpretación objetiva que deba tenerse para darnos cierto grado de seguridad jurídica.

Marco Blanco — por su origen ramonense no pierde oportunidad de tomar chinchiví o contrabando; tampoco pierde oportunidad de caminar en sandalias.  Todavía practica aquello de que mejor nos reímos para no llorar y por lo pronto, no piensa en usar el pelo corto.
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